ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
AC6887-2016
Radicación n.°88001-31-03-002-2012-00192-01
(Aprobado en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis)
Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad del libelo presentado por la parte demandante para sustentar el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, proferida el 19 de diciembre de 2014, en el proceso de la referencia.
I. EL LITIGIO
A. La pretensión
Gamaflex Ltda. presentó una demanda dirigida contra sí misma y terceros indeterminados, y solicitó que se declare que adquirió, por prescripción extraordinaria, el dominio del inmueble que posee, y se proclame que el mismo «salió del patrimonio nacional antes de la vigencia del Decreto – Ley 1415 de 1940».
Pidió, en consecuencia, que se ordene la inscripción del fallo en el correspondiente registro. (Folio 1, cuaderno 1)
B. Los hechos
1. La demandante aduce que posee «desde hace más de quince (15) años» el inmueble ubicado en el sector Brook Bottom Número Tres de San Andrés, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 450-0000264. (Folio 2)
2. En tal lugar existe «un lote de terreno con la construcción de una vivienda». (2, cuaderno 1)
3. Tal bien lo adquirió por compra hecha a la sociedad J. María y Cía. Ltda., mediante escritura pública otorgada el 10 de febrero de 1997, en la Notaría Primera de tal lugar. (Folio 2)
4. El fundo fue poseído por Juan José Restrepo Uribe, quien lo vendió a Elías Vanegas Pulido mediante escritura pública de 1963; éste lo vendió a Fernando Ortiz Guarnizo el 30 de junio de 1969; el 5 de abril de 1972 pasó a manos de Matilde Roldán de Restrepo, quien lo transfirió a Aizic Lupu Altman el 14 de agosto de 1972, persona que lo vendió a la sociedad J. María y Cía. Ltda., la que finalmente se lo vendió a la actora. (Folio 2, cuaderno 1)
5. La posesión ejercida ha sido pública, continua y a título personal, además, ha construido mejoras, realizado limpiezas y siembras. (Folio 2, cuaderno 1)
6. Agregó que «el anterior bien salió del patrimonio nacional antes de la vigencia del Decreto Ley 1415 de 1940, por encontrarse en posesión de particulares desde antes de la fecha de expedición de esa normatividad». (Folio 2, cuaderno 1)
C. El trámite de las instancias
1. Admitida la demanda en auto de 16 de noviembre de 2012, se dispuso su traslado a los interesados. (Folio 36, cuaderno 1)
2. No hubo oposición.
3. En sentencia de 24 de junio de 2014, el juez de primera instancia declaró que la demandante adquirió, por prescripción extraordinaria, el dominio del inmueble. De otra parte, negó la pretensión «de que el bien salió del patrimonio nacional antes de la vigencia del Decreto 1415 de 1940».
Para lo anterior, consideró que la actora acreditó la suma de posesiones sobre el fundo, por un lapso superior a 20 años. No obstante, ni las declaraciones de los testigos, ni ninguna otra prueba, dieron cuenta de que aquél, antes del año 1940, hubiese salido del dominio de la nación.
4. El demandante apeló la citada providencia en lo relacionado con la negativa de su segunda pretensión.
Alegó que aunque no existió una prueba directa sobre la salida del bien del patrimonio nacional antes del decreto mencionado, sí existía evidencia de que con antelación a tal data el mismo ya estaba en el ámbito particular. Agregó que, infortunadamente, la información de los periodos anteriores se perdió cuando se incendió el edificio municipal en el que estaban.
5. El Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en providencia de 19 de diciembre de 2014, confirmó la decisión impugnada.
Sostuvo que el demandante no acreditó el sustento fáctico de su segundo pedimento, pues las declaraciones que se recaudaron no servían para acreditar su dicho ya que ninguno de los deponentes percibió de forma directa la posesión del bien antes del año 1940, y solo expresaron sus suposiciones. Y que, en todo caso, según el artículo 1º del Decreto Ley 1415 de 1940, el competente para hacer dicha declaratoria era el gobernador.
6. La parte actora formuló el recurso extraordinario de casación, el cual sustentó en oportunidad.
II. LA DEMANDA DE CASACIÓN
La recurrente estableció su demanda en cuatro cargos.
CARGO PRIMERO
Con sustento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, alegó que en la sentencia se incurrió en la violación indirecta, por error de hecho, fundado en la «aplicación indebida cuando menos del Decreto 256 de 1973, reglamentado por el Decreto 2087 de 1973 prorrogada su vigencia por la Ley 6 de 1978».
Alegó que se evidenció tal quebrantamiento al no acogerse su segunda pretensión, pues demostró que el inmueble ha sido poseído por particulares, y su régimen es el establecido en las normas mencionadas.
Además, «se ha acreditado con las declaraciones de los testigos como en la inspección judicial» que existe identidad entre el bien pretendido y poseído, y se exhibió un título de dominio derivado de otros «hasta la creación del folio de matrícula…». (Folio 27, cuaderno Corte)
CARGO SEGUNDO
También con sustento en la causal primera, adujo la violación indirecta, por error de derecho, por «omitirse la aplicación del artículo 6 de la Ley 97 de 1946, artículo 8 del Decreto 547 de 1947, artículo 66 del Código Civil y Decreto 1415 de 1940».
Luego de transcribir dos de las normas citadas, el recurrente manifestó que en el proceso se acreditó que en el certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés, consta que se inscribió una compraventa relativa a su bien del año 1963 y «se presume que la propiedad del vendedor viene de tiempo atrás», razón por la que, atendiendo la presunción contenida en la Ley 97 de 1946 «no queda otra alternativa que concluir que este bien salió del patrimonio del Estado antes de la vigencia del Decreto 1415 de 1940, para convertirse en bien propio».
CARGO TERCERO
Alegó la violación indirecta, por falta de aplicación, del Decreto Ley 1415 de 1940.
Expuso que se demostró que quienes habían sido poseedores con anterioridad «sí tenían el arraigo», y han tenido ánimo de señor y dueño. Indicó que «la adjudicación sí queda amparada por la presunción de derecho establecida en el artículo 6 de la Ley 97 de 1949 porque se está demostrando que los adjudicatarios vienen posesionados o explotando y haciendo mejoras en el predio por más de ocho años…».
CARGO CUARTO
Fundada en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, argumentó la violación de la Ley 1415 de 1940, por error de derecho en la apreciación de los testimonios de Germán Montealegre, Randi Allen Bent y Susana Licona Forbes.
Explicó que los testigos «no han vivido todo ese tiempo desde que la norma salió pero ellos en su relato manifiestan todo lo que en procedimiento se puede tener en cuenta como prueba contundente para demostrar que estos nativos han venido surtiendo la posesión…», manifestaciones que no advirtió el Tribunal.
III. CONSIDERACIONES
1. Característica esencial de este medio de defensa es su condición extraordinaria, en virtud de la cual no todo desacuerdo con el fallo permite adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que se sustente en las causales taxativamente previstas en la ley.
Se ha dicho, además, que es ineludible la obligación de sustentar la inconformidad «mediante la introducción adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuración» (CSJ AC, 1° Nov 2013, Rad. 2009-00700).
2. La admisibilidad de la demanda está sujeta al cumplimiento de las exigencias del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, que establece que es necesaria la mención de las partes y de la sentencia cuestionada; que se requiere elaborar una síntesis del proceso y de los hechos materia del litigio, y formular por separado los cargos en contra de la decisión recurrida, exponiéndose los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa, y no basados en generalidades.
Cuando se invoca la causal primera, se deben señalar las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas, exigencia que, desde luego, debe armonizarse con lo establecido en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, en el sentido de que en tales eventos «será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa».
Al denunciar el yerro fáctico, al impugnante le corresponde identificar los medios de convicción sobre los cuales recae el equívoco del juzgador y demostrar de qué manera se generó la supuesta preterición o cercenamiento, lo que deberá señalar de manera manifiesta, de tal suerte que la valoración realizada por el sentenciador se muestre absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación.
Ha repetido la Sala que, por mandato del artículo 374 del estatuto procesal, la carga de demostrar el error de hecho recae exclusivamente en el censor; no obstante, «esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley». (CSJ SC, 15 Jul. 2008, Rad. 2000-00257-01; CSJ SC, 20 Mar. 2013, Rad. 1995-00037-01)
Tratándose del error de derecho, el impugnante, además, debe indicar las normas de carácter probatorio que fueron infringidas y explicar su transgresión.
3. La demanda de casación se inadmitirá, pues no reúne los requisitos formales contemplados en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil.
3.1. En el cargo primero, el censor manifestó que el ad quem violó indirectamente ley. Refirió que tal quebranto fue debido a un error de hecho, y precisó que el mismo se originó por la aplicación indebida «cuando menos» de los Decretos 256 de 1973 y 2087 de 1973, cuya vigencia fue prorrogada por la Ley 6 de 1978. A renglón seguido, sostuvo que se demostró que el inmueble objeto del proceso fue poseído por particulares, lo que acreditó con los testigos y la inspección judicial, y también probó un título de dominio derivado de otros «hasta la creación del folio de matrícula…».
El numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil exige que en la demanda se expongan los fundamentos de la acusación «en forma clara y precisa». A tal exigencia, el legislador agregó la de que «el recurrente lo demuestre», refiriéndose al error de hecho en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba.
Lo anterior significa que la opinión divergente del litigante en relación con las consideraciones del sentenciador no basta para edificar el ataque. A aquél, para que su recurso cumpla con los requisitos mencionados, no le basta con exteriorizar de manera genérica o panorámica su inconformidad con lo decidido; debe apuntar, por el contrario, a acreditar con concisión qué apartes concretos de las probanzas fue el apreciado de manera incorrecta, o cuál consideración del Tribunal fue fruto de tal equivocación. Dicha actividad:
El legislador también exige que tal yerro sea «manifiesto», lo que quiere decir, en contraposición con lo que es oculto o encubierto, que su demostración no dependa de reflexiones complejas y elaboradas, es decir, que «emerja con esplendor bajo su sola circunstancia de enunciación». (CSJ. SC. Jun. 7 de 1964. Nro. 107, pág. 228)
Al respecto, se ha indicado que:
… de la notoriedad del error de hecho predicada como exigencia para que tenga connotación en casación, la doctrina de la Corte, con apoyo en las normas que disciplinan la referida causal y vía, ha sostenido de manera reiterada y uniforme, que debe aparecer de modo tan notorio y grave que a simple vista se imponga a la mente, esto es que para demostrarlo no se requieran complicados o esforzados raciocinios, o en otros términos que sea de tal entidad que resulte contrario a la evidencia que el proceso exterioriza, ya que en el recurso de casación los únicos errores fácticos que pueden tener el vigor suficiente para quebrar la sentencia atacada son ‘los que al conjuro de su sola enunciación se presentan al entendimiento con toda claridad sin que para descubrirlos sea menester transitar el camino más o menos largo y más o menos complicado de un proceso dialéctico’. Cas. Civ. de 21 de noviembre de 1971; 4 de noviembre de 1975 y 14 de diciembre de 1977 y 17 de marzo de 1994. (CSJ. SC. Sep. 18 de 1998)
Los anteriores mandatos no fueron tenidos en cuenta por el casacionista. En primer lugar, tal parte no explicó cuál de los artículos que integran los decretos que mencionó en el cargo fue el que transgredió el sentenciador. Se limitó, por el contrario, a mencionar indiscriminadamente la normativa enunciada «cuando menos», contraviniendo así la debida precisión y claridad que la ley exige.
Así mismo, no especificó sobre cuales pruebas recayó el error de apreciación del ad quem, ello pese a que «es… deber del censor, y la Corte no puede hacerlo de oficio, determinar, singularizándolos, los medios de prueba sobre los cuales recae el error de valoración probatoria». (CSJ. SC. 13 de Jul. 1995)
Ciertamente, tal parte alegó, genéricamente, que en el trámite se acreditó que personas particulares poseyeron el inmueble objeto del proceso; que con «las declaraciones de los testigos como en la inspección judicial» se probó que existe identidad entre el bien pretendido y el poseído, y que exhibió un título de dominio derivado de otros «hasta la creación del folio de matrícula…». Argumentación en la que se extraña la concisión que manda la norma, esto es, la explicación de qué aparte o apartes precisos de las pruebas fue el apreciado de manera incorrecta, o dejado de apreciar, todo ello con trascendencia para infirmar la decisión.
Es decir, no hizo más que declarar su desacuerdo, y revelar su particular interpretación de las evidencias, pero no puso de presente la concreta distorsión protuberante en la valoración, ni su relevancia.
Su argumentación se restringió a un alegato de instancia, de suyo ajeno a esta sede extraordinaria, en donde no se puso de presente la evidencia de la equivocación, de tal modo que amén de que no fueran requeridos mayores estudios para establecer que se estructuró, la conclusión presentada por la censura necesariamente se erigía en la única admisible para solucionar el litigio, y frente a ella la tesis expuesta por el juzgador resultaba contraevidente e insostenible.
Luego, si se presenta un ejercicio de ponderación probatoria diferente, la Corte no tiene alternativa distinta a la de atender la valoración del juzgador, en virtud de la doble presunción de legalidad y acierto de que está revestida su sentencia, lo que impone que sus conclusiones en torno del examen de los elementos fácticos son, en principio, intocables, salvo la demostración plena del inocultable yerro apreciativo.
Sin embargo, como tal labor no fue la emprendida por el interesado, se impone inadmitir su acusación.
3.2. En los cargos segundo y cuarto, acusó a la sentencia de transgredir indirectamente la ley por errores de derecho. Adujo que en el certificado que expidió la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés obraba la inscripción de una compraventa del año 1963 y, por ende, debía presumirse que su bien «salió del patrimonio del Estado antes de la vigencia del Decreto 1415 de 1940». Así mismo, que existió tal yerro cuando se apreciaron los testimonios de Germán Montealegre, Randi Allen Bent y Susana Licona Forbes, pues no se tuvo en cuenta que los deponentes «no han vivido todo ese tiempo desde que la norma salió pero ellos en su relato manifiestan todo lo que en procedimiento se puede tener en cuenta como prueba contundente para demostrar que estos nativos han venido surtiendo la posesión…».
El artículo 374 del Código de Procedimiento Civil establece, tratándose de tal tipo de yerro, que «se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción».
La formulación del recurrente desatendió la exigencia reseñada, pues no mencionó cuales fueron las normas probatorias transgredidas, ni mucho menos explicó en qué consistió la infracción a las mismas.
En su lugar, dicha parte se quejó del criterio acogido por el juzgador, al que opuso su opinión, lo que no guarda correspondencia con la vía de ataque elegida, puesto que no mencionó, en parte alguna, si las pruebas carecieron de las formalidades prescritas por la ley procesal para su aducción; o que, teniéndolas, el sentenciador las hubiera inadvertido.
El presunto error alegado nada tiene que ver con la violación de las normas que regulan la aportación, admisión, producción o estimación formal de las pruebas, que es lo que configura el error en mención. En efecto:
El yerro de derecho supone que el sentenciador vio la prueba en su materialidad misma, pero no le otorgó el valor demostrativo que la ley le asigna, o le atribuyó uno que ésta le niega.
Y estos aspectos son los que resalta el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil cuando exige que el recurrente indique qué normas probatorias violó el sentenciador y cómo ocurrió esa violación, vale decir, cómo interpretó el Tribunal ad quem la norma probatoria, dándole a una determinada prueba un valor diferente (por defecto o por exceso) al que le otorga esa norma probatoria denunciada como violada. (CSJ. ATC. 25. Nov. 1997. No. 307)
De allí que la inconformidad aludió más a una cuestión material de las pruebas, que atañe una apreciación indebida, y no jurídica, pues la acusación no se enfiló contra su aptitud probatoria formal.
Naturalmente que es diferente la fuerza probatoria formal y la material, pues mientras la primera dice relación a que el medio cumpla con los requisitos legales para poder ser tenido en cuenta dentro del proceso, la segunda significa que es adecuado para proporcionar al caso concreto los motivos suficientes para formar en la mente del sentenciador la convicción respecto del hecho investigado.
Por tales razones también se impone la inadmisión de la censura.
3.3. El cargo tercero tampoco cumplió con los requisitos de ley.
El casacionista no fue claro ni preciso en su formulación, pues aunque sostuvo que se quebrantó indirectamente la ley, no explicó si dicha infracción fue producto de un error de hecho o de derecho. Menos aún, en caso de que se entendiera que lo alegado fue un yerro fáctico, refirió sobre cual prueba, concretamente, recayó; o, si lo alegado hubiese sido el yerro jurídico, no indicó las normas probatorias transgredidas, ni justificó su infracción. Lo anterior, además, sumado a que no especificó cual norma puntual de derecho sustancial fue la que el Tribunal violó.
Todo lo contrario. La parte recurrente se limitó a exteriorizar su desacuerdo de manera genérica, por advertir, según su visión particular, que los poseedores anteriores «sí tenían el arraigo», y, sin precisar nada más, de manera difusa, terminó afirmando que «la adjudicación sí queda amparada por la presunción de derecho establecida en el artículo 6 de la Ley 97 de 1949 porque se está demostrando que los adjudicatarios vienen posesionados o explotando y haciendo mejoras en el predio por más de ocho años…».
Lo que hizo la parte recurrente, una vez más, fue discurrir sobre el caso controvertido, como si se tratara de un alegato de instancia, lo que infringe los requisitos del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil.
Motivos que impiden la admisión de la acusación.
4. Además de los referidos reparos, la demanda de casación no cumplió con los presupuestos que consagra la ley procesal para su selección de oficio, pues la sentencia no vulneró los derechos y garantías constitucionales de las partes, ni les irrogó agravios que deban ser reparados; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jurídico ni compromete el orden o el patrimonio público; y tampoco se requiere un pronunciamiento para unificar la jurisprudencia respecto del tema del litigio.
5. Por las razones expuestas, se inadmitirá el libelo, y se declarará desierto el recurso.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada para sustentar la impugnación extraordinaria que se interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, proferida el 19 de diciembre de 2014, dentro del asunto referenciado.
SEGUNDO: DECLARAR desierto el recurso de casación, de conformidad con el inciso 4º del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la corporación de origen.
Notifíquese.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
MARGARITA CABELLO BLANCO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA